Según la Fundación ANAR, “la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el seno de las familias durante el confinamiento aumentó un 10%”. Durante el confinamiento el año pasado esta entidad atendió 3.802 peticiones de ayuda y la mitad de ellas fue por violencia: “los casos de maltrato familiar son los más frecuentes, sobre todo de violencia doméstica (maltrato físico y psicológico), seguidos de violencia de género, abuso sexual, abandono”. Desde esta entidad, “aseguran que el confinamiento ha empeorado situaciones que ya eran de por sí insoportables y también ha generado situaciones de nueva violencia.”
Por otra parte, la nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece que: “Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados”; “(…) comprenderá medidas de información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas”. Sin embargo, cuando los niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de confinamiento con sus familiares o con salidas muy restringidas, no han podido recibir ayuda por parte de otras personas adultas que les informen de sus derechos, les asesoren y les apoyen en caso de estar siendo víctimas de algún tipo de violencia. El papel de los equipos educativos en centros juveniles y de atención ambulatoria es clave para detectar situaciones de maltrato, negligencia, abandono, etc.
Durante el confinamiento, el personal de nuestros centros de día, en concreto los especializados en atender a familias con diversas problemáticas, observó en los contactos con las familias atendidas un aumento del miedo por parte de las mujeres al incrementarse la tensión en la convivencia y la violencia machista. Ser víctima o testigo de violencia impacta directamente en los niños, niñas y adolescentes, que si no acuden a este tipo de centros de día, se encuentran sin apoyo psicológico y emocional, sin acompañamiento de ningún tipo. Por ello esta parte de la población de niños, niñas y adolescentes, en riesgo de desprotección en sus propios hogares, deben ser un grupo prioritario para el que trabajar desde las Administraciones Públicas y desde las entidades del Tercer Sector.
El hecho de que los niños, niñas y adolescentes acudan a centros juveniles y de atención ambulatoria supone una herramienta en sí misma para prevenir o identificar situaciones de desprotección. El equipo educativo conoce tanto la situación de cada niños, niña y adolescsente, como su personalidad y carácter, y pueden detectar cambios sutiles en su conducta que se deban a problemas en el hogar. Además trabajan en coordinación con la familia, con el centro educativo y en algunos casos incluso con el centro de salud, especialmente en casos con atención psicológica y psiquiátrica.
Entidades como UNICEF confirman un aumento de la violencia contra la infancia durante el confinamiento: “las restricciones de movilidad han causado un aumento de la violencia contra la infancia, tanto en duración como en frecuencia y en gravedad. […] Y reconoce que los niños corren mayor riesgo de “explotación, violencia y abuso” cuando las escuelas cierran o los servicios sociales dejan de funcionar de forma presencial.”
Esta crisis nos ha mostrado los efectos negativos que sufrirían los niños, niñas y adolescentes que atendemos si dejaran de funcionar servicios gratuitos y recursos de intervención socioeducativa, tales como:
Nuestros centros de día y juveniles, así como los centros de acogida de niños, niñas y adolescentes y, en general, todos nuestros proyectos al ser la protección de NNA un elemento clave transversal, trabajan para dar respuesta a esta realidad: