La Plataforma de Infancia, conjunto de organizaciones sociales del que Fundación Amigó es entidad miembro, ha solicitado que se tome medidas urgentes para afrontar la situación de crisis que viven los niños y niñas en España. “Hemos perdido un año ante la ausencia de gobierno y los principales problemas que afectan a la infancia no se han podido abordar en la agenda política”, afirma el presidente de la Plataforma, Adolfo Lacuesta Antón. “Esta circunstancia ha paralizado la aprobación de nuevas políticas sociales y ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas y de sus familias”, lamenta Lacuesta.
En este sentido, la Plataforma de Infancia demanda al gobierno, en el marco de la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, medidas urgentes para garantizar que la población infantil deje de ser la más vulnerable en España. Para ello, presenta una agenda institucional con 5 compromisos mínimos que entregará próximamente a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat i Montserrat, con el fin de que se tomen en cuenta en el inicio de la presente legislatura y, muy especialmente, durante el debate de construcción de los Presupuestos Generales del Estado 2017:
Aumentar de la inversión en protección a la infancia hasta llegar a los índices de media de la Unión Europea.
En España se invierte menos en infancia que en los países de nuestro entorno. En concreto, la inversión en protección se sitúa en 1,3 % del PIB muy por debajo de la media de los índices de la Unión Europea (UE) cuyo porcentaje del PIB se sitúa en un 2,4%. Como referencia, señalamos el periodo de 2010 a 2014 en el que España registró una importante reducción sobre la inversión en infancia hasta alcanzar el 14,6%. En concreto, la inversión en políticas de infancia que las administraciones públicas hacen por niño disminuyó en más de 6.300 millones de euros en el mismo periodo.
Aumentar la prestación por hijo a cargo comoprincipal herramienta para reducir la pobreza y la exclusión social infantil.
La gran mayoría de países de la UE tienen una prestación por hijo a cargo y su carácter es universal. España por su parte, es el segundo país de la UE con la prestación por hijo a cargo más baja y no universal. Actualmente la dotación es inferior a 24,25 euros al mes por hijo en las familias con rentas más bajas. Dicha prestación es imprescindible para familias con estas circunstancias pero altamente ineficiente ya que no logra sacar a los niños y niñas del riesgo de pobreza. Si se incrementa esta prestación hasta los 100 euros al mes, es decir 1.200 euros al año, así como incrementar los umbrales de familias que perciben esta prestación, supondría sacar a más de 630.000 niños y niñas de la pobreza relativa y otros tantos de la pobreza severa, según datos del estudio por Save The Children.
Desarrollar una ley integral para combatir la violencia que sufre la infancia y que se garantice la reparación de sus derechos, incluidas normas vinculadas a su aplicación por las diferentes Comunidades Autónomas, tal y como recomienda el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus Observaciones finales de 2010 a España.
Garantizar el derecho de los niños y niñas a participar, escuchando sus opiniones en todo aquello que les afecta y estableciendo canales estables para su participación en el desarrollo de planes y leyes que les afectan, especialmente en el Plan Estratégico Estatal de Infancia y Adolescencia o en las Comisiones de Infancia del Congreso de los Diputados y el Senado.
Compromiso por asumir un Pacto de Estado por la Infancia para alcanzar un consenso que asegure que ningún niño o niña viva en España en situación de vulnerabilidad a pesar de las situaciones de crisis. Pedimos para ello conocer:
Con estas medidas la Plataforma de Infancia reclama al gobierno que los niños y niñas empiecen a ser una prioridad en la agenda política de esta XII legislatura que se inicia y recuerda al presidente de gobierno que los problemas de los niños y niñas pueden solucionarse si existe voluntad política. “No sigamos postergando sus problemas ni condenando a una generación que tiene mucho que ofrecer a España”, afirma Lacuesta.