El miércoles pasado se celebró el Día Universal de la Infancia y el treinta aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por este motivo, el Gobierno de España ha reafirmado a través de una Declaración Institucional aprobada hoy en Consejo de Ministros, su compromiso unánime con los derechos de niños, niñas y adolescentes para que puedan prosperar, aprender, hacer oír su voz y alcanzar su pleno potencial.
“Aplaudimos el compromiso que ha manifestado hoy el Gobierno de perseverar en el pleno cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la aplicación de las observaciones finales y recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas traslada a nuestro país” explica Carles López Picó, Presidente de la Plataforma de Infancia.
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas es el Tratado Internacional de derechos humanos más ratificado. Contempla un conjunto de derechos inalienables de todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos los que se refieren a la vida, la salud, la educación, al ocio, a la vida familiar, a estar protegidos frente a la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.
El papel de la Convención durante las tres últimas décadas ha sido fundamental, impulsando cambios legales, políticos y sociales que han mejorado la vida de los niños y niñas dentro y fuera de España. Pero, a pesar de los numerosos avances todavía quedan retos pendientes en materia de infancia en nuestro país. La tasa de pobreza infantil en España es la segunda más alta de la Unión Europea, afectando a día de hoy a más de dos millones de niños. El abandono escolar es también muy elevado y se concentra en los niños y niñas con una situación económica más desfavorecida con una tasa del 28,9%; mientras que en los niños cuyas familias tienen mayores rentas es del 1,6%.
Las cifras de violencia contra la infancia siguen siendo alarmantes. Sólo en 2018 se interpusieron 5.105 denuncias de malos tratos a niños y niñas y 1 de cada 2 denuncias contra la libertad sexual tienen como víctima a la infancia. Por ello, la Plataforma de Infancia, entidad de la que Fundación Amigó forma parte, pide aprobar la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, tal y como ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a España. Además, la voz de los niños y niñas debe ser escuchada en todos los ámbitos apostando por canales de participación estables que les permitan ejercer ese derecho.