Desde el pasado 1 de marzo, aquellas personas que hayan sido condenadas en España por delitos sexuales no podrán trabajar en contacto con niños, niñas y jóvenes menores de edad, tras la entrada en vigor del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Del mismo modo, la nueva normativa también se aplica para estudiantes en prácticas o actividades de voluntariado.
El registro nace con el objetivo de proteger a los niños, niñas y jóvenes de agresores o pederastas y para ello incluirá los datos y el perfil de las personas condenadas por delitos sexuales en España. Así, las personas que pretendan trabajar con menores deberán presentar en la empresa un certificado que acredite que no está incluido en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha apuntado que “el Registro es una medida bastante razonable que sirve para dar protección a los menores y que van en consonancia con la Ley de Protección a la Infancia”.
La protección de los y las jóvenes siempre ha sido una prioridad en Fundación Amigó y es por ello que desde 2014, todas las personas que trabajan o colaboran con la entidad, están obligados a cumplir la Política de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que vela por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra Política establece mecanismos de detección del maltrato y un manual de buenas prácticas basado en la prevención y protección. Como órgano de control, la Fundación Amigó cuenta con la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia, cuyos propósitos son dar a conocer la Política entre todas las personas vinculadas a la Fundación, garantizar su cumplimiento, intervenir y asistir en caso de situación de maltrato, y evaluar y realizar propuestas de actualización de la Política.