La situación familiar es altamente conflictiva y el deterioro de la conducta de los hijos/as un hecho. La existencia de violencia física en el domicilio, aunque sea de manera esporádica, indica que todas las anteriores expresiones (psicológica, falta de respeto a la autoridad, miedo en la víctima, etc.) ya han aparecido y se han consolidado dando lugar a manifestaciones de violencia más graves. Aún siendo la gravedad de la violencia en el hogar bastante alta, si no se pone remedio y se intenta frenar, puede seguir aumentando. Por ello, esta etapa es especialmente delicada y debe ser tratada de forma urgente. Si bien, con la adecuada intervención y con el compromiso de todos los miembros de la familia, la situación es abordable y se puede volver a vivir sin violencia, la aparición de la violencia física puede suponer un punto de no retorno, manteniéndose en el tiempo.
Por ello, la solicitud de ayuda debe ser a la mayor brevedad posible. Las emociones negativas que existen en este momento deben dar lugar a la puesta en marcha de soluciones, la vergüenza no debe existir, sino que debe dar paso al valor de querer finalizar con esta situación, con el objetivo de que se establezca un buen clima familiar. Es necesario, que los padres y las madres se pongan en manos de profesionales, que puedan valorar la situación e intervenir con la familia en su conjunto, así como, con los diferentes miembros de manera individual.
Actualmente desarrollamos tres proyectos para prevenir el conflicto familiar en Madrid, Galicia y Pais Vasco. Si necesitas ayuda, contacta con nuestros profesionales:
Partimos de la base de que cada caso es un mundo y que nos podemos encontrar con diversas dinámicas familiares, así como con chicos y chicas con diferente temperamento y/o diferentes problemas emocionales. Por ello, habrá que evaluar cada caso para poder entender cuál es exactamente el problema o los problemas, así como explicar el origen y mantenimiento de las conductas agresivas. No obstante, en nuestra experiencia, la mayoría de casos de violencia flio-parental, suponen un problema de conducta, y, por tanto, un problema adquirido.
Es decir, en la mayoría de casos los hijos y las hijas realizan conductas agresivas para conseguir sus objetivos, que pueden ir desde la obtención de cosa materiales, recibir atención, descargarse o desahogarse de emociones negativas, evitar una regañina o evitar cumplir una norma, e incluso conseguir la sensación interna de poder y control sobre los padres y madres. Así, pese a que nos encontramos con un problema muy serio y que daña mucho a padres, madres, hijos e hijas, queremos aportar una visión optimista acerca de la solución de los mismos, ya que, si son formas de reaccionar aprendidas, se puede resolver desaprendiéndolas y aprendiendo formas más adaptativas de reaccionar y comportarse, que les permita vivir adecuadamente en familia y ser personas más felices. Eso sí, este proceso no es fácil, requiere de mucha implicación por las dos partes, de mucha paciencia y de mucho esfuerzo.
Si estás leyendo esto, ya habrás realizado el test de detección del conflicto familiar. Si los resultados del test indican puntuaciones muy altas en el nivel de conflicto y además tu hijo o hija ya está presentando conductas agresivas sistemáticas, reiteradas y mantenidas en el tiempo, con una alta probabilidad será necesario realizar, tanto con vosotros como con vuestro hijo o hija, una intervención guiada por un/a profesional.
En este punto, la primera alternativa que os proponemos sería acudir a un/a profesional con el objetivo de que evalúe el caso, que confirme si es o no un problema aprendido y relacional y que realice un trabajo, tanto con vosotros/as como con vuestro hijo o hija en aras a mejorar vuestra relación y a dotaros de las herramientas y estrategias necesarias a para afrontar las situaciones conflictivas y que cese la agresividad. Destacar que muy probablemente él o ella se niegue a acudir a terapia, ya que inicialmente tienen poca conciencia del problema y cierta tendencia a sentirse víctimas de la situación y responsabilizaros a vosotros/as o a causas externas, de su problema. Pese a eso, no dejéis de ir vosotros/as para que evalúe y os de pautas que os ayuden a manejar su conducta y las situaciones difíciles con él o ella. En nuestra experiencia, aunque lo ideal es trabajar con las dos partes, trabajando sólo con los padres y madres también se consiguen cambios.
A la hora de solicitar ayuda en este sentido, podéis recurrir a diferentes recursos según las circunstancias. Un primer paso puede ser confiar y dejarse guiar por el gabinete psicopedagógico del colegio o el instituto de vuestro hijo o hija. También podéis recurrir a terapia privada (aunque económicamente no es una opción accesible para todo el mundo). Así mismo, dependiendo de la Comunidad Autónoma, existen recursos públicos como programas específicos para familias, en los servicios sociales de base. Por último, la Fundación Amigó, cuyo objetivo ha sido siempre dar respuestas efectivas a las problemáticas sociales y familiares que van surgiendo, cuenta con el Proyecto Conviviendo. Un servicio de orientación socioeducativa ante el conflicto familiar gratuito para familias en riesgo de exclusión social.
En el caso de que esta primera alternativa no funcione y con la ayuda de estos/as profesionales no se logren cambios en la dinámica familiar y relacional, ni en las conductas agresivas de los chicos o chicas, el siguiente paso sería pasar a utilizar los mecanismos que ofrece el sistema judicial de menores. Así, se podrá iniciar un proceso judicial contra vuestro hijo o hija con el fin de que se le imponga una medida judicial que ayude a reconducir la situación. Las conductas reiteradas de violencia de los hijos o hijas en casa contra los padres, madres u otro miembro de la unidad familiar, están consideradas como un delito de maltrato en el ámbito familiar y pueden ser juzgados/as y condenados/as, atendiendo a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM 5/2000).
Para que se les pueda juzgar por la realización de conductas agresivas en casa-físicas o verbales, dirigidas a los padres o madres- debe existir necesariamente una denuncia por parte de estos. Una vez ha habido denuncia se les puede imponer una medida judicial.
Las medidas judiciales pueden ser de medio abierto (no privativa de libertad) o de internamiento (privativa de libertad). La Ley del Menor tiene un componente sancionador, pero también educativo y ofrece diferentes alternativas, salvaguardando siempre el interés superior del menor y pudiendo ofrecer, por tanto, la medida más adecuada a sus necesidades educativas. Atendiendo a los hechos y a las características personales, sociales y familiares, el Juez de Menores correspondiente, apoyado por el Equipo técnico de la Fiscalía de Menores, le puede imponer una medida de Libertad Vigilada (no privativa de libertad), consistente en que el chico o la chica sigue viviendo en casa pero supervisado/a y acompañado/a por un equipo de profesionales que realiza una intervención y se encarga del seguimiento de la medida judicial, enviando informes regularmente al juzgado en el que se detalla el correcto cumplimiento o no de la medida judicial impuesta. La medida dura un tiempo determinado, marcado por el Juez de menores correspondiente.
También es posible que esta medida de internamiento sea la de primera elección y se le imponga directamente sin pasar por libertad vigilada, en función de la gravedad de la situación y de los hechos denunciados. Igual que la medida de Libertad Vigilada, esta se impone por un tiempo determinado. El chico o la chica vive en el Centro donde se realizará una intervención integral con él o ella. Es importante destacar que, pese a que la medida judicial se impone únicamente a los y las menores, consideramos estrictamente necesario que vosotros como padres y madres participéis en la intervención ya que la violencia filio-parental es un problema relacional en el que padres, madres hijos e hijas tienen parte de responsabilidad (que no culpa) en el origen y mantenimiento del problema y por tanto, en su solución.
Estos problemas relacionales los sufren cada vez más familias, convirtiéndose en los últimos años en un problema social importante. Por ello, y con el objetivo de tratar de manera específica un problema específico y muy concreto, las Administraciones Públicas de diferentes comunidades autónomas de todo el territorio nacional, han creado recursos específicos para el cumplimiento de una medida judicial por este tipo de delitos. La Fundación Amigó gestiona algunos de estos centros en Valencia, Alicante, Madrid y País Vasco.
Desde 2005 hemos trabajado con 931 familias para que puedan retomar el vínculo afectivo con sus hijos e hijas